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Los ciudadanos somos territorios de paz

Fuente: Observatorio de Realidades Sociales

 

Hacer cotidianos los gestos de paz en nuestros entornos vecinales y territoriales, como punto de partida de una apropiación ciudadana y como construcción personal y colectiva que permita pensarnos en la superación de las violencias y en mejores modos de convivencia, es uno de los mensajes de la jornada número 32 de Semana por la Paz 2019.

En el marco de esta semana, El secretariado de Nacional de Pastoral Social nos ha aportado cinco elementos contextuales que quisiéramos entrar a analizar en este espacio desde la realidad de nuestro suroccidente colombiano.


El primero de estos elementos es la persistente situación de vulnerabilidad del liderazgo social. Se debe llamar la atención de que para la Provincia eclesiástica de Cali, que comprende todas las diócesis del Valle del Cauca, los asesinatos al liderazgo social suman 43 casos desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de julio de 2019, sin que se pueda tener certeza de cuál será su tope. Esto nos muestra lo mucho que se devalúa la vida humana cuando esta se opone a los intereses depredadores de economías legales e ilegales, o cuando se promueve la participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones, o cuando se defiende el derecho del uso de la tierra y del cuidado de la misma.


El segundo son los obstáculos para la implementación de los acuerdos de paz. Sobre esto es importante hacer eco de lo expresado por el nuncio apostólico en Colombia, monseñor Luis Mariano Montemayor, quien manifestó en su pasada visita a Popayán (15 de agosto de 2019) su preocupación por la lentitud y el incumplimiento estatal frente a la implementación de los acuerdos, y por las intenciones soterradas de boicotear la paz en Colombia. A pesar de ello, nos hace un llamado a ver también las luces, reconociendo la voluntad de los excombatientes a cumplir con lo pactado.


Ahora bien, dichos obstáculos también tienen relación con la preocupante situación de poblaciones indígenas en el norte del Cauca, continuamente amenazadas por el fortalecimiento y la reemergencia de actores armados en los territorios, y por las poblaciones campesinas de Jamundí, a las que se les impone la erradicación forzada, sin alternativas de sostenibilidad para familias enteras. Si bien el énfasis ha sido la legalidad, la búsqueda de esta no puede substraerse de su responsabilidad social y del debido amparo a las comunidades vulnerables. 

El tercero es la cancelación de los diálogos con el ELN. La postura de la Iglesia ha sido clara: la vía privilegiada es y será la concertación dialogada, que evite la continuación de violencias estériles y multiplicadoras del odio. Con todo, mucho ha pesado en esta situación las posturas inflexibles y la tardanza en la toma de decisiones. Mientras esto ocurre, comunidades como las del Chocó sufren la escalada guerrillera y la activación de nuevos escenarios de confrontación armada, como producto de la búsqueda del control de las rutas del tráfico de drogas que conectan la costa Pacífica con la frontera oriental venezolana, según información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.  


El cuarto es la coyuntura electoral. Según las últimas investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, son cinco los candidatos a diferentes puestos públicos en el Valle del Cauca cuestionados en la actualidad por actos de corrupción. Sobre esto es importante que el electorado sea conocedor de su candidato de preferencia, y si sus propuestas y su historial cumplen con las condiciones suficientes para el desempeño en el sector público, sobre todo porque es necesario salirnos como sociedad de esa espiral de “malas mañas”, que utiliza el escenario político como plataforma para la consecución de réditos particulares. La política, tal como lo destaca la Iglesia, está al servicio de la paz y del bien común, cosa que deberán tener presente todos los candidatos a cargos públicos.

El quinto y último elemento es sobre la crisis migratoria de venezolanos. La suerte del vecino país y la integridad de millones de hermanos venezolanos no pueden verse afectadas por luchas ideológicas e intereses económicos, más aún cuando estamos hablando de más de 4.000.000 emigrantes, de los cuales más del 1,2 % (48.000) están asentados en la ciudad de Cali, según los sondeos oficiales. En este sentido, la sensibilidad social y la vocación a la solidaridad deben primar por encima de cualquier lucha política, y de conjurar el fantasma xenofóbico que induce a creer de que por culpa de la crisis venezolana sufrimos ahora del desempleo y la inseguridad, cosas que ya desde antes venían escalando en nuestro contexto nacional y regional. Lo cierto es que la llegada de los hermanos venezolanos la podemos ver como una oportunidad para potenciar nuestra solidaridad, nuestra capacidad productiva y nuestros saberes interculturales.

En consecuencia, el llamado es a que cada ciudadano asuma su compromiso de enarbolar la bandera de la paz desde sus espacios cotidianos, rodeando al débil y al indefenso ante cualquier atisbo de vulneración de la vida e integridad humana; asumiendo como derecho y bien supremo de la ciudadanía la defensa y cuidado de la paz; defendiendo la vía del diálogo para la resolución de los conflictos; asumiendo el compromiso con el bien público y quehacer político mediante la participación democrática en espacios electorales y por fuera de estos; acogiendo y orientando al desamparado que busca remediar su situación y encontrar mejores horizontes de vida para él y su familia. En suma, hacer de cada uno de nosotros un terreno donde germinen gestos abundantes de paz, de solidaridad y bien común.